Hace unos días y con unas expectativas bastante altas, fui finalmente a ver La Pelota Vasca. No me defraudó.
Creo que no me equivoco si afirmo que muestra una visión del conflicto del País Vasco, si no nueva, porque poco queda que decir en este tema, sí distinta a la que, filtrada por los partidos políticos, nos es suministrada entre primer y segundo plato, día tras día, por vía televisiva.
Son muchas las personas que participan en el documental con opiniones mil veces más sanas y constructivas que las de los políticos, pero si tuviese que quedarme con una, lo haría con la Eduardo Madina, Secretario General de las Juventudes Socialistas de Euskadi y victima de un atentado de ETA en el que perdió una pierna.
Madina, lejos de dejarse llevar por el odio, apuesta por el diálogo y rechaza el frentismo y la demonización del nacionalismo democrático vasco a la que está jugando la política estatal. Habría que jubilar a unos cuantos políticos de muchos partidos y que les relevasen los jóvenes. Ganaríamos todos.
Que quede claro antes de nada que no soy nacionalista, ni español ni de ningún otro sitio (que pena tener que decir esto siempre que vas a dar una opinión que disiente de la “oficial”), de hecho, siempre he pensado que el nacionalismo se basa en un paralogismo: concluir que de la existencia de unos rasgos culturales comunes hay que pasar a la creación de una nación propia me parece arbitrario. Es decir: soy distinto a ti, por lo tanto, no puedo vivir contigo.
Sin embargo, soy un demócrata, y como tal, por encima de la existencia o no de esos rasgos comunes, creo que si las personas de una comunidad deciden libremente constituirse como Estado, no hay nada más que decir ni otro argumento que oponer.
Otra cosa es la existencia o no de esa decisión en el País Vasco, o de si bastaría con que la mitad más uno de los vascos se pronunciasen en ese sentido o sería necesaria una mayoría mucho más cercana al consenso, pero ese no es el problema en la actualidad, ya que no se permite ni siquiera que se pregunte al pueblo vasco cual es su opinión.
Y ahí es donde entra el llamado Plan Ibarretxe, y paso de las consideraciones de carácter ético-ideológico a un punto de vista basado exclusivamente en el Derecho positivo.
Es comúnmente aceptado, y yo participo de esa opinión, que dicho plan no tiene cabida en la actual Constitución Española: es inconstitucional, por tanto. Tan sólo una interpretación altamente forzada de su disposición adicional primera podría dar cobertura al contenido de esta propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Y ahí viene el segundo punto. Porque el llamado Plan Ibarretxe es una propuesta de reforma de su Estatuto de Autonomía, y como tal, debe ser, entre otros requisitos, aprobada por las Cortes Generales, como condición ineludible para que ésta adquiera validez. Y esto es obviamente conocido por el Gobierno central.
De ahí se extrae que todas las excepcionales medidas “jurídicas” que está interponiendo el PP, con la aquiescencia silenciosa, cuando no con el aplauso del PSOE, tienen una intención claramente política. No pretenden proteger a la Constitución de una norma que podría ir en su contra, ya que es imposible que ésta llegase a aprobarse, pretenden negar que se debata, darse un baño de votos con vistas a las próximas elecciones generales y callar las voces a golpe de recurso.
Y si ese fuese el único efecto de sus medidas, tampoco habría mayor problema. El problema es que no sólo cae la salud mental democrática del electorado, cae también la independencia judicial y la separación de poderes, y con ellas, el Estado de Derecho.
Los dos recursos interpuestos, en caso de ser simplemente admitidos a trámite, como ya ha ocurrido con uno de ellos, supondrían una ruptura total del Estado de Derecho y el establecimiento de un régimen de excepción, por los siguientes motivos:
- En cuanto al recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo del Gobierno Vasco por el que se envía al Parlamento Vasco la propuesta de modificación del Estatuto, de admitirse que cabe dicho recurso, cabría en abstracto también contra cualquier acuerdo del Consejo de Ministros por el que se enviase al Congreso un proyecto de ley. Es obvio que esto no va a ser así, que la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo no me va a admitir a trámite un recurso por motivos de inconstitucionalidad contra ese tipo de acuerdo. Y esto, porque es un acto de trámite.
- En cuanto a la impugnación ante el Tribunal Constitucional, volvemos a encontrarnos contra el mismo absurdo. Si el Plan Ibarretxe fuese aprobado, cosa que por otro lado es imposible como ya he señalado, cabría sin duda recurso de inconstitucionalidad contra ésta. Pero no contra una simple propuesta: contra una ley que no es ley todavía, ni contra un acto que es meramente de trámite. Con lo cual se pone al alto Tribunal en la tesitura de cargarse (una vez más) toda cordura, y dar la razón al Gobierno, perdiendo cualquier atisbo de credibilidad que le quedase, o negarse. El hecho de que su presidente haya adelantado en público, como si persona del mundo del corazón se tratase, el resultado que lograría en todo éste tipo de recursos en caso de que le tocase conocer de los mismos, tampoco ayuda a esa imagen de independencia.
Sólo espero (iluso de mi) que el motivo de todo esto no sea legitimar la entrada del ejercito en el País Vasco por la vía del art. 155 de la Constitución.
El PP está inventando el Estado de Derecho preventivo, una pena que, igual que la paz preventiva no es paz, el Estado de Derecho preventivo no sea Estado de Derecho.
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